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The Leadership Table · Lo que ningún consejo de administración le toleraría a Pedro Sánchez

El mandato no es la propiedad: ganar unas elecciones da derecho a gobernar, no a desactivar los contrapesos que limitan a quien gobierna.

El mandato no es la propiedad: ganar unas elecciones da derecho a gobernar, no a desactivar los contrapesos que limitan a quien gobierna.

Ningún consejo de administración serio aceptaría de su consejero delegado tres ejercicios consecutivos sin presupuesto aprobado, defendidos con el argumento de que el de hace tres años todavía le sienta bien a la compañía. Tampoco aceptaría que, una vez condenado el responsable de cumplimiento por el órgano encargado de juzgarlo, la dirección declarara en público que sigue creyendo en su inocencia. Y desde luego no aceptaría que una regla declarada intocable antes de la junta pasara a ser negociable la semana siguiente, justo cuando hacían falta los votos de quienes la habían vulnerado.

Nada de eso ha ocurrido en una empresa. Ha ocurrido en España.

Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre. No escribo desde ningún partido, pero sí desde una convicción que prefiero declarar al principio: creo que ese mandato no debe renovarse. Mi objeción principal no es económica, aunque discrepo de buena parte de su política económica. Es de liderazgo y gobernanza, y por eso pertenece a esta columna.

Los juristas medievales ya distinguían entre dos maneras de perder la autoridad. Bártolo de Sassoferrato, y después Francisco Suárez, separaron a quien gobierna sin título legítimo de quien, teniéndolo, lo ejerce de forma ilegítima. No hace falta acercarse a la tiranía para que la distinción sirva. Su utilidad está en recordar algo que cualquier consejero sabe: un mandato se gana en las urnas, pero la legitimidad se pierde en el ejercicio.

Sánchez tiene legitimidad de origen, y conviene decirlo sin regateos. Fue investido conforme a la Constitución por una mayoría parlamentaria. Que a uno le desagrade una coalición no la convierte en ilegítima. El problema está en el ejercicio, y se ve con nitidez cuando se examinan los contrapesos uno por uno.

Antes del 23 de julio de 2023, Sánchez y sus ministros sostenían que la amnistía no cabía en la Constitución. Después de las elecciones, se convirtió en la condición de su investidura. Emiliano García-Page, compañero de partido, lo resumió con más precisión de la que yo podría permitirme: lo que no cabía en la Constitución pasó a caber de un día para otro. El Tribunal Constitucional avaló después la ley por seis votos a cuatro, y esa sentencia resuelve su validez jurídica. No resuelve lo otro. En cualquier consejo lo llamaríamos por su nombre: cambiar el criterio después de la votación, a cambio de los votos.

El presupuesto cuenta una historia parecida. La Constitución obliga al Gobierno a presentarlo cada año, y en esta legislatura no se ha aprobado ninguno. España funciona en 2026 con las cuentas de 2023, prorrogadas por tercera vez. Un presupuesto no es un trámite contable. Es el instrumento con el que un parlamento, como un consejo, gobierna a quien gobierna. Un ejecutivo que aprende a vivir sin él ha aprendido a vivir sin rendir cuentas sobre lo único que de verdad importa: en qué se gasta el dinero de otros.

En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados. El presidente del Gobierno respondió que seguía creyendo en su inocencia. Hubo votos particulares y la sentencia está recurrida, y cualquiera tiene derecho a discrepar de un fallo. Pero la independencia de un sistema de control no se mide los días en que le da la razón a la dirección. Se mide los días en que no se la da, y por cómo se comporta la dirección esos días.

Ceuta añade una variante del mismo problema. A finales de julio, decenas de miles de personas entraron de forma irregular en la ciudad en apenas dos días. Después se supo que la semana anterior habían circulado análisis de riesgo e inteligencia sobre una posible entrada masiva. El Gobierno sostiene que ninguno permitía prever su magnitud, y la Audiencia Nacional lo investiga, así que no adelantaré esa conclusión. Pero conozco bien lo que ocurre en un consejo cuando un riesgo anticipado se materializa: la pregunta deja de ser si el informe acertó con la cifra y pasa a ser quién lo leyó, qué decidió y quién responde de ello. En Ceuta, semanas después, los ministros responsables todavía ofrecían versiones distintas.

Queda Telefónica, el caso que a los lectores de esta columna debería resultarles más próximo. Tras adquirir el diez por ciento del capital a través de la SEPI, el Gobierno impulsó en enero de 2025 la sustitución de su presidente por Marc Murtra, a quien ya había situado al frente de Indra. La operación se formalizó en el consejo y contó con el apoyo de otros grandes accionistas, de modo que no hubo ilegalidad alguna. Lo que yo veo es un accionista con el diez por ciento comportándose como si tuviera la compañía. Ese es, en una frase, el problema de fondo: confundir el mandato con la propiedad.

He visto esa confusión en empresas muchas veces, y casi nunca se presenta con su nombre. Llega como eficiencia, como urgencia, como la necesidad de que nadie entorpezca a quien carga con la responsabilidad. El fundador que trata al consejo como decorado. El accionista de control que modifica los estatutos a mitad de partido. El argumento siempre es el mismo: yo gané, luego estos límites sobran. Eso es el populismo, en la empresa o en el Estado. Es una teoría de gobierno, no un estilo de comunicación.

El criterio vale para todos, o no vale para nada. Un populismo de signo contrario que prometa desmontar contrapesos con mejores intenciones merece exactamente la misma sospecha. Los contrapesos no existen porque desconfiemos de nuestros adversarios. Existen porque sabemos de qué es capaz cualquiera de nosotros cuando nadie puede frenarlo.

La objeción más seria merece una respuesta seria. España ha crecido más que la mayoría de sus socios europeos, y el Gobierno ha legislado con mayorías parlamentarias reales. ¿No es eso lo que debería juzgarse? Una compañía puede presentar resultados récord con un consejo capturado. Los buenos resultados no demuestran que el gobierno corporativo funcione; con frecuencia solo retrasan el día en que alguien se atreve a preguntar. Y el coste de la erosión institucional no aparece en el ejercicio en curso. Aparece después, cuando el siguiente gobierno, sea del color que sea, hereda unos instrumentos ya doblados y descubre lo cómodo que resulta usarlos.

Queda la parte incómoda, que no se dirige al Gobierno sino a nosotros. Conozco bien el cálculo del empresario que calla: el regulador, la licencia, el contrato público, la inspección que puede llegar. Es un cálculo racional a corto plazo. Pero a un consejero que vio el deterioro y no dijo nada no le exime haber votado bien el último punto del orden del día, y al ciudadano tampoco. Hay además una prueba de coherencia más exigente: es difícil reclamarle al Estado los contrapesos que uno no tolera en su propio consejo.

El 29 de noviembre se decide si se renueva un mandato. Antes de votar, yo haría el ejercicio que haría cualquier consejero independiente: si este fuera el consejero delegado de la compañía en cuyo consejo me siento, con este historial de presupuestos, de controles y de promesas, ¿le renovaría el mandato?

Y la segunda pregunta, la que nadie hace en voz alta: ¿cuántas de estas cosas tolero ya en mi propia mesa?

Si te gusta el pensamiento estratégico sin la rigidez de los manuales corporativos, si crees que el liderazgo necesita más agilidad y menos frases motivacionales de taza de café, si estás harto de reflexiones que tienen la profundidad de un charco y si disfrutas de un buen símil inesperado… entonces nos vemos aquí la próxima semana.

Publicado originalmente en LinkedIn

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